En un momento de necesidades sociales crecientes, el sistema de servicios sociales presenta debilidades estructurales que hacen muy difícil dar respuesta a los retos actuales. Una de las carencias principales consiste en que los derechos sociales no disfrutan de la misma consideración que se otorga a los derechos a la salud o en la educación. Como consecuencia, se perpetúan las limitaciones de la financiación de las políticas sociales y se restringen los recursos disponibles para las necesidades que se tendrían que cubrir. Para comprobarlo, solo hay que comparar los porcentajes destinados a cada ámbito en cualquier presupuesto.

Esta situación ha generado dificultades muy importantes, como son las limitaciones en la cartera de servicios y en las tarifas y, especialmente, la obligación de llevar a cabo procedimientos administrativos para determinar si las personas tienen derecho de acceder a los servicios y en qué condiciones lo pueden hacer. Somos ante un sistema de apoyo basado en derechos no universales, reconocidos por procedimiento administrativo. Por lo tanto, no es un sistema ágil ni en cuanto al acceso a los servicios, ni en la evolución de la cartera para su mejora o adaptación a los nuevos contextos.

Más específicamente, los servicios sociales del ámbito de la salud mental y las adicciones presentan una complejidad agraviada.

En primer lugar, en cuanto al sistema de subvenciones, hay que señalar que durante más de diez años, servicios estables definidos a la cartera de servicios han sido gestionados con subvenciones periódicas. A pesar de que la lógica de las subvenciones puede tener sentido en el caso de proyectos o de poner a prueba innovaciones, en el caso de los servicios sociales estables no es así.

Este sistema implica unos riesgos que ya se han producido. Algunos con una gran incidencia −como la congelación durante ocho años de las tarifas de los servicios de salud mental y adicciones− y otras con una relevancia cualitativa −como la exclusión de los profesionales de residencias del ámbito de la salud mental y las adicciones en cuanto a subvenciones de incentivos para los trabajadores de residencias vinculadas a la pandemia.

Hace tiempo que se está definiendo un cambio de modelo de la subvención a la concertación por servicios de la cartera, que se ha ido dilatando en el tiempo. Se prevé que este nuevo modelo esté terminado el julio de 2023. Esta tardanza ha alargado el proceso de transición y ha añadido inconvenientes, como son las convocatorias de subvención publicadas el pasado 15 de diciembre −con diez días hábiles para presentar los expedientes−, retrasos de meses en la respuesta a subvenciones o graves dificultades de tesorería de las entidades a causa de la demora en el pago. En un momento de transición, en que hay que mantener el sistema anterior y crear uno de nuevo, parece razonable reforzar las capacidades del departamento y, sobre todo, mantener un diálogo estable con las organizaciones implicadas.

En segundo lugar,  hay que decir que, por motivos específicos, en cuanto a servicios y plazas disponibles, la cartera de servicios del ámbito de la salud mental y las adicciones es muy limitada.

La cuantificación del número de personas a las cuales hay que apoyar no está claramente determinada. Si nos fijamos en los datos de la población con discapacidad, el porcentaje de las personas con trastornos de salud mental y adicciones es del 19% −121.000 personas, en 2022. Habría que añadir a esta cifra las personas con trastornos de salud mental y adicciones que necesitan apoyo social, pero que no han evolucionado hacia una disminución permanente de sus capacidades y no se los otorga el reconocimiento legal de discapacidad.

Por otro lado, los servicios sociales de la cartera siempre se refieren al concepto "problemática social derivada de trastorno mental", añadida a la discapacidad o al trastorno. Es el único colectivo al cual se aplica este criterio. Por lo tanto, cuando se planifican necesidades de servicios y plazas, no se usan los datos poblacionales disponibles, sino porcentajes y aproximaciones. Parece evidente que, con estos criterios, las necesidades no se pueden definir con precisión, porque no se ha tenido en cuenta el total de la población afectada.

Finalmente, los servicios sociales específicos para las personas con trastornos de salud mental y adicciones se pusieron en marcha mucho más tarde que los de los otros ámbitos. Este retraso histórico en un contexto de limitaciones como el que hemos descrito, ha hecho muy difícil un desarrollo que permita cubrir las necesidades.

En el ámbito de la salud mental y adiciones es urgente mejorar la respuesta a las necesidades de las personas. Hay que superar la demora histórica con el incremento significativo del presupuesto destinado a este ámbito y priorizar los servicios comunitarios de proximidad que tengan mis incidencia en la prevención de la exclusión social y residencial.

Además, es necesario acelerar la mejora de los servicios de cartera con la reactivación de los espacios técnicos de coproducción entre departamento y entidades −que están constituidos y que habían empezado a trabajar.