Se ha aprobado la Ley de Asociacionismo

Se ha aprobado la Ley de Asociacionismo

El texto se ha aprobado en el Parlament el pasado día 21 con un amplio consenso y,  por primera vez,  se regula con una ley cuestiones primordiales para hacer crecer y fortalecer el tejido asociativo catalán.

La Ley de fomento del asociacionismo, tiene el objetivo de fortalecer y facilitar el crecimiento del tejido asociativo catalán.

Tal como recoge el texto, se trata que “estas entidades puedan destinar los máximos esfuerzos y recursos al desarrollo de sus proyectos y acciones de implicación social y de cambio o transformación social, a favor del progreso de todos los ciudadanos”.

El reconocimiento de la tarea de las entidades, especialmente de las asociaciones, como un valor público es un factor destacado que se quiere potenciar con esta ley, facilitando la participación en la toma de decisiones. En este sienta, las administraciones públicas tienen un papel relevante con la aplicación de planes de acción e instrumentos para el fomento, promoción y apoyo del asociacionismo. El artículo 7 de la ley, además, reconoce que “las asociaciones pueden impulsar políticas por medio de los mecanismos de participación establecidos por ley, y también pueden impulsar la creación y modificación de normas por medio de los mecanismos de participación en la redacción normativa”.

Por otro lado, históricamente las entidades sin ánimo de lucro han manifestado las dificultades para relacionarse con las administraciones. En este sentido, la carga burocrática a menudo ha sido un quebradero de cabeza para equipos con recursos muy limitados. Por esta razón, el texto diseña proyectos de apoyo, mecanismos de simplificación administrativa y “un proyecto de interconexión de los registros y censos de entidades sin ánimo de lucro”. En definitiva, las administraciones que tengan planes de subvenciones tendrán que asesorar y dar el apoyo técnico que las entidades necesiten para hacer los trámites. De hecho, también se insta las administraciones a convocar “regularmente programas de ayudas y subvenciones para ofrecer apoyo económico a las asociaciones que tienen finalidades de fortalecimiento comunitario”.

Además, se establecen las bases de las iniciativas legislativas en cuanto a la fiscalidad y el mecenazgo. De hecho, hay el compromiso que el gobierno tenga que crear una calificación de entidad de interés social y general -complementaria a la Declaración de Utilidad Pública (*DUP)-, el que supondría cambios en cuanto a beneficios fiscales, por ejemplo, en las deducciones por aportaciones económicas de personas físicas o jurídicas