Aprobado el anteproyecto de ley de provisión del sistema público de servicios sociales

El Govern ha aprobado este martes el anteproyecto de ley de los instrumentos de provisión del sistema público de servicios sociales de Cataluña para enviarla en el Parlamento luego que se inicie la próxima legislatura. La futura ley apuesta por un modelo estable de concertación entre la administración y las entidades e incluye la creación de la Agencia Pública de Servicios Sociales.

Aprobado el anteproyecto de ley de provisión del sistema público de servicios socialesAsí mismo, también fija la evolución de los salarios de las entidades sociales concertadas paralela a la evolución de los salarios públicos y establece un horizonte para la equiparación salarial de todos los profesionales de la red. Además, promueve el catalán en la prestación de servicios para garantizar los derechos lingüísticos.

El texto apuesta por la promoción y la mejora continua de la calidad como uno de los principios rectores del sistema público de servicios sociales para atender las necesidades de los niños, adolescentes, gente mayor, personas con discapacidad o con problemática social derivada de trastorno mental, con adicciones, familias con problemática social y riesgo de exclusión o personas que sufren violencias.

Uno de los objetivos más destacables del anteproyecto es regular los sistemas de provisión de servicios sociales con una norma con rango de ley. Se regulan de manera sistemática y completa las diferentes modalidades de acción concertada y determinados elementos directamente vinculados a la calidad de los servicios y a su planificación y evaluación.

Acuerdos con una duración máxima de diez años

Para dar respuesta a la necesidad de una mayor seguridad jurídica que permita afrontar los retos futuros de los servicios sociales, se prevé que los acuerdos de acción concertada con carácter general puedan tener una duración máxima de diez años. Así mismo, se articulan mecanismos que faciliten la creación de nuevos establecimientos. En este caso, además, prevé que se puedan conceder subvenciones para financiar, total o parcialmente, la construcción o adquisición de los establecimientos o instalaciones de titularidad de la entidad proveedora.

Para garantizar la calidad de los servicios sociales, en la determinación del coste de referencia de las prestaciones de la cartera de servicios sociales y en sus actualizaciones, el anteproyecto prevé que se tiene que tener en cuenta, entre otros aspectos, la evolución de los salarios del sector público para poder asegurar una evolución del salario del personal de los servicios sociales que prestan las entidades proveedoras equiparable con la del sector público.

Así mismo, prevé que las entidades proveedoras de la Red de Servicios Sociales de Atención Pública tienen que repercutir en el salario de su personal los incrementos retributivos que se hayan incluido con cuyo objeto en el coste de referencia de las prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales.

Otra de las novedades que prevé la norma es la regulación de la figura del contrato de impacto social (CIS), una modalidad contractual de provisión de servicios en que se prevé el pago por resultados, en el cual se utiliza la financiación privada de un inversor para que el proveedor de servicios establezca y preste un servicio.

Por otro lado, incluye la creación de la Agencia Pública de Servicios Sociales, una estructura para “optimizar” la capacidad de respuesta a las necesidades actuales de las personas, en especial las que se encuentran en situaciones con necesidad de atención especial

Además, se establece en el texto normativo la garantía de los derechos lingüísticos de las personas usuarias de los servicios sociales. En este sentido, se prevé la capacitación lingüística en la prestación de los servicios sociales mediante una disposición transitoria que prevé que las entidades proveedoras del Sistema Público de Servicios Sociales tienen un plazo de cinco años para capacitar lingüísticamente el personal a su servicio para poder prestar los servicios sociales en catalán o en aranés.