Las entidades sociales y sanitarias urgen al Gobierno a transponer las directivas europeas de concertación para proteger la calidad de los servicios públicos que gestionan

El Gobierno anunció hoy la adopción de medidas inmediatas: conciertos sociales y ocupacionales y una ley de contratación de servicios a las personas.

La nueva modalidad de conciertos permitirá proteger estos servicios públicos, que la directiva europea reconoce que no son actividad de mercado, de la interferencia de empresas que sólo buscan obtener beneficios a costa de reducir prestaciones y la calidad del servicio.

 

Jornades Directiva UE-4459 noti 01Barcelona, ​​10 de mayo de 2016.- Más de 350 personas han asistido este martes a la jornada 'La nueva directiva europea y la concertación de servicios públicos y sanitarios en Cataluña', organizada por la Mesa del Tercer Sector Social, Fòrum Salut Mental y ACEBA-Autogestión en atención sanitaria. La jornada se ha celebrado en el Auditorio de la ONCE de Barcelona.

 

La ponencia principal de la jornada la ha realizado el jurista José María Gimeno Feliu, que preside el Grupo de Trabajo, nombrado hace un año por el Gobierno a instancias del Parlamento de Cataluña, para impulsar la transposición de la directiva europea 2014/24 / UE , que permite establecer un nuevo marco legal para la provisión de servicios públicos en los ámbitos social y de la salud.

 

También han intervenido representantes de los Departamentos de Salud y de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat; de la Mesa del Tercer Sector Social; y de la Unión Catalana de Hospitales. La clausura estuvo a cargo de los Secretarios Generales de los Departamentos de Salud y de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat, Albert Serra y Josep Ginesta, respectivamente.

 

Una de las principales conclusiones de la jornada ha sido la urgencia de reclamar a los poderes públicos la aplicación de la nueva directiva europea, existente desde hace más de 2 años, para regular con garantía la concertación de los servicios públicos sociales y de la salud que se prestan a la ciudadanía.

 

Los organizadores de la jornada han remarcado que la directiva europea 2014/24 reconoce que los servicios públicos sociales y sanitarios no sonJornades Directiva UE-4459 noti 02 actividad propia de mercado y, por tanto, pueden ser protegidos -mediante una regulación específica que el Parlamento de Cataluña tiene- de la interferencia de empresas que sólo buscan obtener beneficios a costa de reducir prestaciones y la calidad del servicio.

 

Las tres instituciones organizadoras de la jornada han defendido que la iniciativa social de las entidades es un complemento imprescindible de la gestión pública directa para garantizar a la ciudadanía unos servicios públicos de calidad y universales. Porque hay sectores sociales, territorios y necesidades específicas que sólo se pueden atender con suficiente igualdad de acceso y eficiencia si se cuenta adecuadamente con las entidades que tienen la experiencia, el conocimiento, la implicación y el compromiso social en hacerlo, en algunos casos desde hace décadas o más de un siglo.

 

Esta nueva modalidad de concertación de servicios públicos sociales y de la salud, reclamada hoy, que posibilita desde hace ya más de dos años la nueva directiva europea, permitiría superar la dicotomía público-privado por medio de la "publificación": regular con garantías de servicio público la gestión de las entidades que ya tienen la experiencia y el compromiso demostrado en la atención a las necesidades sociales y de salud de la ciudadanía.

 

En la jornada de este martes, el director general de Economía Social y Tercer Sector de la Generalidad de Cataluña, Josep Vidal ha anunciado que el Gobierno aprobará en los próximos días, un Decreto Ley que permita avanzar para que la concertación social empiece a ser una realidad de manera inmediata. Este anuncio supone un reconocimiento a la demanda formulada por la Mesa del Tercer Sector a partidos y Gobierno durante los últimos meses.

 

Paralelamente, el Gobierno ha anunciado, hoy mismo, la puesta en marcha de un Anteproyecto de Ley de contratación pública de servicios de atención a las personas, que tendrá en cuenta el Código de Buenas prácticas firmado a finales de 2015 entre entidades sociales, patronales, sindicatos y colegios profesionales.

 

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